Resumen de mi introducción al debate en El Congreso Internaciónal sobre ""30º Aniversario del VIH/SIDA: Retos pendientes para el Acceso Universal" en Madrid el 30 de mayo, 2011.

Como las miles de personas que se encuentran actualmente acampadas en las plazas por toda España, yo también estoy muy indignado y cada vez más. Os contaré porqué.

Un motivo de mi indignación es el abismo existente entre los bienintencionados objetivos de la Unión Europea y cada vez más difícil realidad de acceso a los medicamentos más imprescindibles. Uno de los objetivos oficiales de la UE en cuanto de Salud Global (EU Council June, 2010) es “de asegurar que las inversiones de la UE en la investigación médica favorezcan el acceso al conocimiento y a herramientas generados como bienes públicos globales y ayudar la producción de productos médicos esenciales a precios asequibles.”

Sin embargo, en el Sur y incluso dentro de la UE, sobretodo en Europa Oriental, la mayoría de las personas afectadas por SIDA no tiene acceso a un tratamiento adecuado simplemente porque no lo pueden pagar.

El motivo para indignarse de verdad es que el actual modelo monopolístico de innovación médica y de acceso a medicamentos constituye generalmente un gran despilfarro de unos recursos limitados, de unos objetivos científicos mal orientados, de prácticas corruptas y anticompetitivas y, en suma, un sistema en gran parte empujado mucho más por el vaivén del mercado que por las necesidades de salud de las personas.

La actual crisis económica y financiera ha puesto de relieve más que nunca estas carencias. Con un ingresos menguantes tanto en los sistemas de salud pública en el Norte como en las donaciones utilizadas en fomentar el acceso a medicamentos en el Sur. En otras palabras, mientras las demandas de los tratamiento no dejan de crecer, se debilita la capacidad de financiar el acceso a estos productos.

Debemos responder a unas preguntas de como responder a esta crisis creciente entre un gasto farmacéutico y sanitario que se dispara y un aumento exponencial de las millones de personas afectadas por el SIDA:

¿Si el actual modelo monopolístico de propiedad intelectual no crea los incentivos necesarios para algunos campos de innovación médica, por ejemplo, para el SIDA pero también el cáncer y la conversión de esta innovación en productos asequibles para la mayoría de la población mundial, como podemos fomentar unas nuevas formas justas de gobernanza del ecosistema de conocimiento médico y al mismo tiempo favorecer un mercado competitivo de medicamentos genéricos avanzados ?

En otras palabras, ¿ Como podemos premiar e dar incentivos a los verdaderos y útiles éxitos biomédicos que no sea mediante el monopolio de la explotación de una patente durante 15, 20 o 25 años?

¿Como podemos evitar la situación actual en la cual la gran mayoría de inversión médica privada se gasta en "más de los mismo" o "drogas copionas" (me too drugs) en la búsqueda de mantener unos altos precios por medio de unas patentes interminables, unos precios que no suelen guardar relación alguna con una contrastada mejora sustancial en los resultados terapéuticos? ¿Como superamos la contradicción en que el gasto farmacéutico crece mucho más rapidamente que los resultados positivos en la salud?

¿Qué podemos hacer para conseguir una mayor apertura, transparencia e intercambio cooperativo en el mundo de la ciencia médica para favorecer la investigación de enfermedades importantes como el SIDA?

¿ Ante la situación actual en que a menudo unas cantidades ingentes de dinero público financian a las patentes privadas y en consecuencia fomentan los altos precios, es posible lograr que la inversión médica pública, española y europea, pudiera revertir en bienes y conocimientos médicos públicos?

En definitiva, ¿Como podemos desligar el gasto en Investigación y Desarrollo del precio de los medicamentos más imprescindibles como los del SIDA?

El ex europalamentario David Hammerstein, que en la actualidad trabaja en Bruselas ante las instituciones europeas para el Diálogo Transatlántico de Consumidores, que representa a docenas de asociaciones cívicas y de consumidores, en problemáticas muy diversas ligadas al control y acceso al conocimiento, ha participado este lunes junto a José Pablo Vázquez, en candidato de la Mesa de la Ría, en una rueda de prensa David Hammerstein quiso venir a Huelva y estar presente en esta rueda de prensa para dar su apoyo a la candidatura de la Mesa de la Ría al Ayuntamiento de Huelva, y a José Pablo Vázquez en especial, del que dijo que sería un lujo que estuviese en el consistorio.

El ex parlamentario europeo indicó que  “llevamos años diciendo que el futuro de Huelva es un futuro sin los fosfoyesos, sin el Polo Químico, y este futuro post-Polo Químico, quien lo ha mirado de frente en esta ciudad, que puede ser la persona más cualificada para llevarlo a cabo, es José Pablo Vázquez”.

Además, ha indicado como ahora el resto de fuerzas políticas “ahora dan otro discurso, y estoy asombrado al abrir la prensa en Huelva que todos son conversos, todos son nuevos cristianos, todos son más ecologistas que Greenpeace, pero son las mismas personas a quienes yo vi en Bruselas, ante el Parlamento Europeo, vendiendo los fosfoyesos, diciendo que no eran peligrosos, defendiendo la continuación de una industria química inviable. ¡Vaya cambio más repentino han tenido estas personas!”

“Me parece muy bien que las ideas de la Mesa de la Ría hayan contaminado a las demás fuerzas políticas, pero me quedo con la duda siguiente: ¿Tienen bastante credibilidad , legitimidad y solvencia las mismas personas que han puesto barreras y que han retrasado la decisiones necesarias, que han ignorado este el futuro, las mismas personas que han gestionado la catástrofe, son las personas que van a genstionar este futuro post-Polo Químico y post-Fosfoyesos? Yo creo que no”, concluyó.

                               Blind representatives entering the European Parliament on 13-4-2011


“You can vote against us, you can try to defeat us. Go ahead and oppose a legally binding treaty for our right to read. But, remember, we shall not accept anything less than a new international legal norm.” clearly stated  Rodolfo Cattani,  leader of Italian Blind Union and secretary general of the European Disability Forum in response to  the disturbing European Commission and EU member state opposition to the WIPO Treaty for the Visually Impaired.  As another NGO representative added: “The technology exists for blind persons to access most books; it seems the political will does not.” The Commission and many European Governments, while paying lip service to the “book famine” suffered by blind persons, simply reflect the result of years of heavy industry lobbying against any international exception to copyright, even if it would have negligible or no economic impact on the publishing trade.

Over a hundred people participated in the conference “Fair Access to Culture and the Right to Read of Visually Impaired Persons” sponsored by MEPs Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger and Francisco Sosa Wagner from Italy, Austria and Spain, respectively. The organization of the conference was supported by the European Blind Union and the TransAtlantic Consumer Dialogue.  Approximately half of the participants were members of visually impaired organizations who travelled to Brussels from Italy, Germany, UK, Spain, Belgium and France. Also attending this event were European publishers and authors organizations,  internet server provider representatives, digital rights NGOs, consumer organizations, dyslexic  groups and associations of librarians. A number of other Members of the European Parliament, such as Patricica Toia, Christian Engstrom, Malika Ben Arab and Helga Truppel, also participated.

It has become evident that in any open debate the moral and legal logic of the Treaty for the Visually Impaired will prevail and convince.  The problem resides in the opaque, dishonest European Union  decision making process for common positions at UN institutions like the World Intellectual Property Organization that will make a decision on the Treaty in June. For the past few years there has been a EU Council working group on this issue that has brought together representatives from the 27 EU member states. Unfortunately, these meetings are secretive and there is no way of knowing what is the position of each government.  This lack of democratic transparency prevents any accountability for the EU opposition to the Treaty and permits the cynical contradictory spectacle of the European Commission fighting against the Treaty behind closed doors while most European politicians publicly support it! While copyright fundamentalists rule the back rooms of Brussels power brokers,  no ones seems to want to openly assume the responsibility of slamming the door in the face of millions of visually impaired persons around the world.

According to some sources, France is leading the hard-line position against the Treaty.  Last Monday the French Minister of Culture Mitterrand was handed a letter in favor of a legally binding Treaty at WIPO that was signed by French MEPs from all the major political parties, including Sarkozy´s UMP.

It should be obvious to all that fair copyright laws must be built upon social credibility and legitimacy.  If present copyright laws prevent millions of disadvantaged citizens around the world from gaining and sharing access to culture and knowledge, new international norms are needed.  Our political institutions must be sensitive and responsive to this growing demand.

Mientras que están siendo vertidas miles de toneladas de agua altamente radioactiva que tendrán un incalculable e imprevisible impacto ecosistémico en nuestro océano común, cada vez se alzan más voces de preocupación y de indignación dentro de la comunidad científica y en la ciudadanía sobre la real magnitud del desastre y sobre la generalizada irresponsabilidad institucionalizada hacia la peligrosa energía nuclear.

 "Es inexplicable e incomprensible en nuestro marco convencional del conocimiento. Nos vemos obligados utilizar toda nuestra imaginación moral para comenzar a entender lo que estamos haciendo ahora al afectar con radioactividad a las próximas 12 mil generaciones (el plutonio tiene una media vida de 25 mil años). No alcanzamos entender el error por la naturaleza infinita e invisible del problema de la radiación ". Así se expresó una experta en desarme nuclear de la ONU Kathleen Sullivan sobre la catástrofe de Fukushima.  Sullivan explica que cuando se trata de materiales radioactivos persistentes, además de ser cancerígenos tienen efectos inter-generacionales que son mutantes de la estructura genética de la vida y ella añade que "esto es permanente y irreversible."

Otra experta nuclear, Jacqueline Cabasso del Western Legal Foundation, refuta tajantemente las palabras tranquilizadoras de las autoridades japonesas sobre la supuesta inocuidad de la exposición a niveles bajos de radiación nuclear, y afirma que "no existe una dosis segura de radioactividad porque estas son acumulativas en el cuerpo. Son totalmente falsas todas estas afirmaciones de las autoridades sobre lo que una persona puede asimilar anualmente sin problemas de salud. Los supuestos umbrales y los niveles máximos son engendros de la industria atómica." Cita estudios concluyentes de la Academia de las Ciencias, la Agencia de Medio Ambiente y del Departamento de Energía de EE.UU  para afirmar que incluso unas dosis bajas de radiación ionizante entraña peligros para la salud. La conclusión de la Academia de las Ciencias apunta a que la "evidencia científica actual es consistente con la hipótesis de que existe una relación lineal, sin umbral de dosis, entre la exposición a la radiación ionizante y el desarrollo de cáncer en seres humanos."

Pero las autoridades siguen muy indiferentes y desprecian el alto nivel de exposición radioactiva en zonas cercanas a Fukushima. Por ejemplo, la contaminación tóxica por cesio 137 en el pueblo habitado de Litate es la doble que el nivel que obligó a la Unión Sovietica evacuar a la zona alrededor de Chernobyl. De hecho, la comparación con Chernobyl ya se puede hacer: El Instituto Central de Meteorología y Geodinámica de Viena afirmó el 24 de marzo que "la planta nuclear de Fukushima ha estado emitiendo yodo y cesio radioactivos a niveles que se acercan a los de Chernobyl en 1986. Científicos austriacos han utilizado una red mundial de detectores de radiación (diseñada para controlar a las pruebas de armamento nuclear) para mostrar que el yodo 131 liberado de Fukushima Daichi llega a niveles diarios a 73% de aquellos del desastre atómico del 1986. La cantidad diaria de cesio 137 liberada es alrededor de un 60% de la cantidad liberada de Chernobyl. El mismo grupo de científicos afirman que "Fukushima tiene alrededor de 1760 toneladas de combustible nuclear fresco y usado mientras que Chernobyl solo tenía 180 toneladas."

      La "prueba del algodón" del test de estrés para las nucleares europeas

Para calmar las preocupaciones de la opinión pública ante los peligros de la energía nuclear ahora la Unión Europea anuncia la realización de "stress tests" para validar la seguridad de las plantas nucleares europeas. Así, con nuevos controles técnicos plantean recuperar la maltrecha imagen de la industria nuclear y convencer a la ciudadanía de que "esto no es Japón".

El problema con estos "controles de seguridad" proyectados para las centrales europeas es que estarán diseñados por los mismas agencias tecno-optimistas y pro-nucleares, por unos expertos poco o nada independientes. Son los mismos que llevan décadas promocionando las nucleares, ocultando datos y encubriendo los fallos intrínsecos de esta tecnología. Tanto la Asociación Internacional de la energía atómica como Euratom son los mismos organismos que han permitido y han promocionado la expansión irresponsable de la centrales nucleares al ritmo de la exigencias de la industria y de espaldas a cualquier participación y transparencia democrática. Por ejemplo, Euratom está fuera de cualquier capacidad de control y decisión por parte del Parlamento Europeo. Ante el peligro de daños atómicos atroces en su magnitud es evidente que necesitamos expertos y datos independientes sin conflictos de intereses particulares o profesionales con las empresas y el gran negocio atómico.  

    ¿Existen criterios para la gestión de los riesgos y peligros atómicos?  

Una primera respuesta de sensatez ha de obligar a la aplicación del Principio de Precaución a las centrales que ya han llegado al final de su ciclo de vida. Se debe exigir el cierre inmediato de todas la centrales atómicas que  ya han cumplido su trayectoria de "vida técnica", lo que significará el cerrar a las centrales construidas antes de 1980. Nada de alargamientos y nuevos plazos a la vida útil de maquinarias envejecidas y temibles. También se debería proceder a cerrar las plantas que solo tienen un sistema de refrigeración, las que se encuentran en una zona sísmica y en una zona susceptible de inundaciones o de grandes tormentas del mar. Además, se debería prohibir inmediatamente la utilización del fuel MOX con plutonio por su titánica fuerza de contaminación destructiva. 

En cuanto a las "pruebas de estrés" en las plantas nucleares en funcionamiento, éstas no deben depender solo de un reduccionista  y engañoso análisis probabilístico sobre el riesgo y la seguridad. También deben hacerse pruebas deterministas, como son la acumulación de acontecimientos raros aunque sean muy improbables, incluyendo los fallos humanos. Los "test de estrés" deben contemplar también las situaciones inusuales, como pueden ser la caída de un avión comercial encima de un reactor y  la realización de un atentado terrorista o de un sabotaje.

La apuesta por una cauta gestión de la "seguridad nuclear" también debe implicar una importante reforma institucional, como es la de dar fin a la condición antidemocrática del organismo Euroatom instaurando las exigencias procedimentales de co-decisión en el Parlamento Europeo y de transparencia marcada por el Tratado de Lisboa. 

Dentro de este marco de nuevas exigencias para la gestión de los peligros atómicos también se debe revisar la escasa responsabilidad civil de una industria atómica que no asume los posibles costes y pérdidas económicas del funcionamiento de sus plantas nucleares, incluyendo todo el ciclo de vida de su producción y los residuos generados. Es económicamente muy anticompetitivo y socialmente injusto el que esta fuente de energía goce de un "seguro de vida" pagado por las arcas públicas de los Estados. Hay que acabar de una vez con esta doble vara de medir: las empresas crean los incalculables daños y peligros socioambientales que se expanden ilimitadamente en el espacio y el tiempo, pero ante posibles catástrofes, somos nosotros, los ciudadanos-contribuyentes, los que las sufrimos y las reflotamos al asumir los costes económicos de su continuidad y reparación técnica. La responsabilidad civil directa e indirecta de las plantas atómicas ante daños, accidentes, y ante el larguísimo ciclo de vida de los residuos radioactivos, ha de ser asumida íntegramente por las mismas empresas energéticas. 

Las centrales nucleares que no puedan cumplir con estos mínimos requisitos sobre la gestión de los peligros que intrínsecamente conllevan, junto a otros imperativos de participación ciudadana e institucional, deberían verse obligadas a presentar un plan de cierre antes del 1 de  enero del 2012. 

 DAVID HAMMERSTEIN

"La postura del mundo clásico del copyright

es más una lastimosa resistencia ludita

que un compromiso ilustrado."

Francis Gurry,

Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Unas eficaces leyes de derechos de autor exigen una alta credibilidad social y una amplia aceptación pública, lo que no es el caso hoy en día. El hecho de que un gran número de ciudadanos de la UE "violen" el copyright en sus prácticas cotidianas con respecto a la música, el cine, el software, la fotografía y la literatura, no quiere dicer que tenemos millones de "malos ciudadanos". Contrariamente, esta situación anómala nos informa sobre las disfunciones de unos mercados no competitivos, de una rígida e injusta gestión colectiva de derechos de autor, de unos modelos de negocio anacrónicos y unas estructuras de precios hinchadas y poco realistas.

Contrariamente a lo que quisieran admitir algunos políticos fuertemente seducidos por los lobbys industriales y por las sociedades de autores, una fuerte protección del copyright no emana por arte de magia de unas sanciones y medidas penales cada vez más estrictas, sino que sólo puede ser construida a partir de unas leyes justas y equilibradas que son fruto de un amplio pacto social. Si se aprueban unas leyes sin la comprensión ni el apoyo de gran parte de la ciudadanía, su aprobación puede ser una victoria pírrica por no plasmarse nunca en las prácticas sociales cotidianas.

El principal reto para la financiación de la cultura, los medios de comunicación y la innovación es el fortalecimiento de nuevos modelos de negocio viables que pueden prosperar en el entorno digital mediante la creación de redes flexibles que son capaces de capturar la imaginación y creatividad individual y social. Por el contrario, estaríamos totalmente equivocados al orientar la atención principal legislativa y social hacia la "piratería" ya que sería desviar un tiempo precioso de la importante tarea de sacar todo el mejor potencial del entorno digital. Aún peor error sería intentar trasladar las mismas normas legales del mundo físico al flujo de datos por el ámbito digital.

Recientes estudios internacionales han demostrado que las nuevas medidas civiles y penales en defensa de derechos de autor no han sido eficaces en la reducción de la incidencia social de la piratería digital. Este es especialmente el caso en el Sur, donde los acuerdos de libre comercio con la UE suelen exigir duras medidas “anti-piratería” a pesar de hecho de que la gran mayoría de los habitantes del Sur no pueden permitirse el lujo de comprar los caros productos culturales de las multinacionales del Norte. En todo caso, las personas se esfuerzan e idean estrategias para acceder a la cultura y el conocimiento por cualquier medio posible; en gran parte del mundo la "piratería" en no una opción, sino una necesidad sin alternativas.

"La piratería" no ha reducido el gasto cultural en la UE según lo revelado por estudios recientes. La cantidad de dinero gastado por los consumidores en la UE sobre los bienes culturales, conciertos y el cine se ha mantenido o, incluso, se ha incrementado en los últimos años. Si bien ha habido una disminución de los gastos en los CDs, esto ha sido compensado por un aumento de otras formas de consumo cultural que incluye cine, teatro, conciertos y otros eventos. Así, los gastos culturales de los europeos se ha trasladado simplemente de un "consumo físico" de los productos culturales hacia unas "experiencias culturales" ya sea en vivo o en formato digital. 

Las redes sociales e Internet en general, se han convertido en la ruta clave para llegar a una audiencia para los nuevos grupos musicales y otros creadores. Hace años, muchos músicos iban en giras de conciertos con el fin de vender CDs, mientras que ahora suelen producir Cds con el objetivo de buscar compromisos para conciertos. En muchos casos, las actuaciones en vivo y las crecientes ventas digitales están comenzando a sustituir los ingresos de las regalías distribuidas por sociedades de autores.

Para muchos nuevos músicos la única cosa peor que la piratería digital es que su música no sea pirateada en absoluto y no se escuche, lo que significa que su música seguiría siendo desconocida y sin posibilidades de llegar a un amplio público. La cuestión no es si se copiará o no se copiará, sino de cómo aprovechar de la copia para crear nuevos modos de conseguir unos ingresos razonables para los creadores.

La misma industria y las sociedades de autores que empujan la agenda de nuevas leyes represivas de copyright están erigiendo unas barreras en contra de los nuevos modelos de negocio. Apoyan unas rígidas leyes de exclusividad nacionales que impiden la necesaria economía de escala para unos precios competitivos y siguen imponiendo un sistema con fuerte poder de los intermediarios que daña los intereses económicos de los consumidores y de los creadores. Desafortunadamente, la mayoría de las sociedades de gestión colectiva del copyright y la industria de entretenimiento se oponen a las medidas que pudieran crear un mercado digital en toda la UE y el fin al monopolio rígido nacionales en la concesión de licencias y la gestión de derechos de autor.

Para la mayoría de los funcionarios de la Comisión Europea, los "afectados" solo son la industria. La mayoría de los oficiales y políticos de la UE sólo escuchan a las empresas de música y de sociedades de gestión colectiva pero hacen caso omiso de los consumidores que quieren un precio razonable y una mayor facilidad de acceso al mercado y los productos culturales de calidad. A menudo, el proceso de elaboración de las políticas comunitarias en materia de propiedad intelectual en la Comisión Europea ha sido secuestrado por unos lobbys que solo representan a los principales productores de contenidos culturales. Por el contrario, los intereses de los ciudadanos consumidores, activistas de derechos digitales y ONGs globales, se escuchan pero rara vez se toman en cuenta en la formulación de importantes propuestas sobre el derecho de autor.

Cuando las personas pueden comprar on-line a precios muy competitivos, muchas lo prefieren. El valor añadido de calidad, información adicional y la legalidad son importantes para muchos consumidores europeos. La elección ante nosotros es entre un modelo con una “piratería” masiva, unos precios artificialmente altos y la gran intervención de intermediarios, o bien otro modelo con un nivel moderado de piratería junto a unos precios más bajos, una relación más directa entre los creadores y los consumidores, y con menos ganancias para los intermediarios.

Además, debe ser democráticamente cuestionable el legislar leyes contra la piratería para su exportación al resto del mundo, sobretodo si no son compatibles con las garantías procesales jurídicas y otros derechos fundamentales de la ciudadanía. Se ha observado en muchos países que es imposible el hacer cumplir draconianas normas de derecho de autor sin poner en entredicho los derechos civiles y la privacidad. Esta es una situación “perder-perder”: por un lado la represión legal no funciona significativamente en contra de la descarga ilegal, mientras que, al mismo tiempo, estas normas acaban vulnerando a la privacidad, la protección de datos personales y el funcionamiento normal de las garantías judiciales sobre derechos básicos.

Un ejemplo de las salidas que ofrece internet es el del proveedor de música a bajo-coste Spotify. Otras posibles formas diferentes de financiación de la cultura son las contribuciones creativas, las tarifas planas, la microfinanciación, las cooperativas digitales y la publicidad, entre muchos otros. No exite una única solución mágica, ni una solución única para todos. Sólo una combinación de la flexibilidad, la reforma del derecho de autor y planes innovadores de marketing  pueden compatibilizar la libertad digital con la mejora económica.

Algunas de las acciones institucionales necesarias son las siguientes:

* Cambiar las normas de la UE de gestión colectiva para facilitar la concesión de licencias en toda la UE, el fin de la exclusividad de las sociedades de gestión colectiva y, en general, avanzar hacia una mayor flexibilidad para promover precios más bajos y una relación más directa consumidor-creador.

* Introducir mecanismos flexibles de "fair use" en la UE como ya existe en EE.UU para poder promover el acceso a la cultura , nuevos modelos de negocio y de crear un entorno de derechos de autor más justo, sensato, equilibrado y creíble.

* Maximizar el uso de las excepciones y limitaciones a los derechos de autor con el objetivo de fomentar un ambiente de amplia competencia entre competidores legalmente autorizado. Aprobar el Tratado de la OMPI de excepción al copyright para las personas con una discapacidad visual.

* La aplicación estricta y cumplimiento de las normas legales sobre competencia sobre las posiciones de dominio de mercado de las empresas de explotación de contenido, la lucha contra la fijación de precios y la imposición términos de licencia en condiciones comerciales irrazonables y en condiciones injustas para los artistas. 

* Aprobar un marco comunitario europeo para facilitar el acceso a millones de “obras huérfanas” para investigación, nuevos modelos de negocio y el uso social.

David Hammerstein, TACD