Las crisis medioambientales aumentan por todos los lados y generan daños devastadores en los sistemas naturales con consecuencias recursivas que pueden ser terribles. Nuestro drama común como terrícolas radicalmente dependientes de los ecosistemas y la salud de la Tierra es que pueden perderse la mayoría de los refugios ambientales para grupos de especies, con o sin humanos, sin que puedan reconstituirse después de sufrir eventos ecológicos extremos. El temible cambio climático en curso refiere a una realidad socio-natural, ni social por separado ni natural por separado. Sus dimensiones físicas y biológicas de escala planetaria son complejas, están fuera del control humano y están intensamente mediadas en sus causas y consecuencias por nuestras actividades e inter-acciones físicas. El cambio climático no responde sólo a alteraciones en el clima y la atmósfera por tratarse también de la enorme carga de productos químico-tóxicos hijos de los laboratorios y la industria, de la minería, del agotamiento y simplificación de ecosistemas por debajo y por encima de los suelos, de grandes genocidios de humanos y otros seres etc., etc. El drama climático también nos enseña que las aspiraciones humanas de libertad y soberanía solo son posibles bajo las restrictivas exigencias del respeto a los ciclos bioproductivos de nuestro hogar terrestre, finito y maltrecho. Nunca, ni los antiguos ni los modernos, hemos dejado de depender de los limitados y frágiles recursos producidos por los sistemas naturales para nuestra existencia y condiciones de vida.

La naturaleza barata y abundante ha llegado a su fin a causa de la escala expansiva de la extracción de bienes materiales y naturales de todo tipo. Las reservas de la Tierra han sido drenadas, quemadas, agotadas, envenenadas, exterminadas, y de diversas formas extenuadas. El calentamiento climático nos avisa de que solo hay un horizonte posible: la crónica escasez de recursos ambientales básicos puesto que hemos rebasado numerosos límites naturales. En consecuencia nos esperan discontinuidades abruptas, tan inciertas como peligrosas: lo que viene después no será ya nunca como lo de antes. La deseable opción por la supervivencia, el disfrute de la vida y la ecojusticia para nosotros y nuestros muchos parientes terráqueos, presentes y futuros, es hacer que el caos climático sea lo más leve posible. Nuestro reto para ello es conservar y reconstituir los refugios para los humanos y los grupos de especies, animales y plantas. El reconocido biólogo E.O. Wilson en su último libro "Half-earth" nos recuerda que un primer frente de lucha contra el cambio climático es conservar y ampliar significativamente los espacios naturales protegidos.

Según las mejores informaciones científicas la concentración global de CO2 y de otros gases contaminantes vertidos a la atmósfera crece día tras día alcanzándose niveles no vistos en centenares de miles de años. Tendremos que preguntarnos si se están haciendo los cambios necesarios ante el reto de mitigar y adaptarnos con relativa flexibilidad a la elevación de temperaturas y a las pérdidas e incertidumbres que se abren para la humanidad con un clima inestable en un planeta cada vez más sobrepoblado y esquilmado. Son muchas las voces científicas que afirman que las tímidas políticas climáticas puestas en marcha hasta ahora están muy lejos de poder mitigar las consecuencias más catastróficas en las próximas décadas, aunque estos anuncios del desastre climático no alteran el alegre baile de declaraciones retóricas en defensa del medio ambiente ni el consenso productivista del crecimiento económico.

No existen diferencias destacables entre las políticas de los líderes "negacionistas" y las de los "creyentes" del cambio climático. La adhesión formal al tan "alabado" Acuerdo de Paris solo ha significado para los países firmantes unos modestos y voluntarios compromisos de reducción de CO2 al tiempo que paradójicamente sigue aumentando la escala global de las emisiones contaminantes. No es sorprendente que un acuerdo internacional tan descafeinado haya aglutinado a la casi totalidad de países y empresas dado que sus metas de reducción de emisiones no son vinculantes y no existen sanciones ante el incumplimiento de los compromisos. Aunque es muy mala noticia para nuestro hogar terrestre y nuestros parientes multidiversos la salida de Trump del Acuerdo de París, también lo es la falta de realismo y responsabilidad de nuestros gobernantes, de cualquier tinte político, para desengancharnos voluntariamente y con rapidez de la quema de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) y para salir del peligroso consenso del crecimiento económico y de la escala física de la economía.

El caso el Gobierno de la Generalitat Valenciana es un ejemplo de los nuevos gobernantes "del cambio" cuyas políticas reales se colocan del lado de los negacionistas climáticos a pesar de que alardean de sus compromisos climáticos, lo hacen hasta en actos públicos auspiciados por la publicidad "verde" de una de las empresas constructoras más contaminantes, como es la del proyecto Castor. En el caso valenciano se da un múltiple fracaso climático: la carencia de objetivos ambiciosos y concretos de reducción de emisiones, la inexistencia de indicadores sociales, físicos y biológicos, para la medición y evaluación de las actuaciones, la ausencia de transparencia e información abierta a la ciudadanía a pesar de tener competencias políticas en la gestión del transporte, la agricultura, los residuos, la vivienda, el comercio, la producción,... Las políticas climáticas valencianas no rebajan con fuerza las emisiones contaminantes a la atmósfera, no cumplen ni con los aguados compromisos del Acuerdo de Paris y no llegan ni de cerca a los compromisos de reducción de emisiones moralmente exigibles a un país europeo con un alto nivel de rentas y consumo de recursos ambientales de todo tipo y lugar. Es manifiesta la insolidaridad con nuestra común casa terrestre y con los pueblos del Sur que ya sufren directamente las peores consecuencias climáticas.

La Generalitat Valenciana ignora la urgente llamada de diciembre del 2015 en París para una acción ambiciosa y concertada antes del 2020 y sigue con el cosmético plan climático 2013-2020 heredado del PP. Para esta clase política gobernante el cambio climático se ha convertido en motivo para charlas y concienciación, en tema para emprender más estudios en una inacabable tarea de definir la problemática, como si fueran una ONG o un cuerpo académico-investigador. Todo parece valerles menos el ejercicio de los poderes reguladores de la ley por encima del mercado para forzar los cambios necesarios y urgentes. Desplazan así las actuaciones a un futuro siempre alejado, incierto e indeterminado desentendiéndose del presente y para ello usan lenguajes encubridores como el de la "transición" a otro modelo productivo o energético. Al tiempo, los posibles planes y programas concretos se sacan de la actual legislatura para décadas por delante, el 2030 o el 2050. Las políticas climáticas en el presente se reducen a un minimalismo errático, sectorial y marginal si se las compara con las prioridades puestas en el crecimiento económico de cualquier actividad y se endosan a alguna consejería o concejalía sin peso político, sin visibilidad pública ni financiación suficiente.

Nuestra penosa situación histórica de translimitación nos anuncia que ya hace mucho que hemos rebasado el tiempo de las medidas flojas y lo que podía haber sido una lenta transición ecológica mediante reajustes parciales (como son los propuestos por la receta ideológica del "desarrollo sostenible", algo tan optimista como contradictorio e imposible de realizarse). El colapso climático obliga a salir de las declaraciones de intenciones y la palabrería mediante leyes y regulación, con prioridades, financiación, fiscalidad y con datos e indicadores físicos, biológicos y sociales en la mano. Los cambios y las políticas han de ser transversales, locales y globales, buscando reducir y frenar los vertidos a la atmósfera de múltiples actividades que afectan a la producción, el comercio, el transporte, la vivienda y el consumo, ...

La transparencia informativa brilla por su ausencia para una ciudadanía valenciana rehén de la ignorancia ambiental organizada por los gestores públicos. No se puede saber si el CO2 emitido por los coches sube o baja globalmente en la ciudad de Valencia, un pequeño "anillo ciclista" no puede sustituir las mediciones globales ni los indicadores físicos de salud ambiental en la capital o en la Comunitat Valenciana. Los datos que nos avisan de que las emisiones totales a la atmósfera siguen subiendo se ocultan e ignoran premeditadamente. La ciudadanía no puede conocer las emisiones de cada sector económico, si el sector agroalimentario sube o baja sus emisiones, si las viviendas consumen más o menos energía contaminante en todo sus procesos, si hay más o menos suelo urbano permeable o bajo un palmo de asfalto. Por muy publicitadas que sean las medidas puntuales y anecdóticas son globalmente ineficaces. No se puede culpar de la falta de actuación política a los deficits de financiación autonómica por parte del gobierno central ni a unas legalidades estatales inadecuadas. No hay excusas para la ausencia de políticas climáticas ambiciosas dentro de las competencias autonómicas valencianas fiscales, urbanísticas, agrícolas, de contratación pública, de vivienda, de residuos, de energía y de transporte. Bajo las prioridades económicas del crecimiento y la competitividad desde la Generalitat se vetan las posibles iniciativas reguladoras que puedan perjudicar o frenar actividades económicas privadas generadoras de capital o "empleo". Tampoco sirve la coartada de buscar justificaciones interesadas en expertos e informes técnicos maquillados y mutilados para avalar cualquier política que se precie.

Han pasado ya dos años de legislatura para este nuevo gobierno autonómico "progresista" y nuestros mandatarios siguen durmiendo la siesta al borde del abismo. El bien común climático sigue abandonado a su mala suerte, sin leyes ni políticas concretas. Siguiendo la estela del Acuerdo de Paris el gobierno valenciano refuerza la falsa y reconfortante creencia de que son suficientes unos simples y paulatinos ajustes tecnológicos "verdes" que no alteren las prioridades de la expansiva maquinaria extractivista del crecimiento guiado por el afán de lucro. Pero esta gran ilusión de un "win-win" entre crecimiento económico y ecología solo puede abrirse paso en el reino de la ciencia-ficción. No hay posible matrimonio feliz entre la expansión económica y la ecología climática mediante algunos retoques parciales, como son las recetas de la innovación tecnológica en ecoeficiencia, las raquíticas políticas ambientales o la "economía verde". Tampoco es medicina salvadora la educación y la lenta e indeterminable concienciación ambiental, voluntarista e individualizante. Algunas de las preguntas climáticas a nuestros mandatarios autonómicos y municipales que no han obtenido respuesta para esta legislatura pueden ser estas: ¿Se protege y aumenta significativamente el suelo valenciano ambientalmente protegido sabiendo que necesitamos conservar la mitad del planeta, tal y como nos recuerda Edward O.Wilson? ¿Se aumentan radicalmente las fuentes renovables de materiales y energía para el uso residencial? ¿Se reduce globalmente el consumo de electricidad? ¿Se aumenta marcadamente la agricultura regenerativa del suelo y se reduce globalmente la agricultura intensiva con agrotóxicos químicos que degrada los ecosistemas y la salud? ¿Se reduce sustancialmente la generación de residuos de alta entropía de todo tipo? Resulta esperpéntico el proyecto "estrella" de los gestores ambientales valencianos, todo un modelo de actuación "final de tubería" que no afecta a la espiral de la producción de basuras, tan sólo al 1-2% de los residuos generados. ¿Se aumenta sustancialmente la reutilización de los desechos?.

Este silencio administrativo valenciano es más lamentable si cabe en manos de una clase política que se autodenomina progresista y de izquierdas al tiempo que fomenta la indefensión ciudadana ante el reto más importante que afronta la humanidad. La "solución" de la educación ambiental o de la concienciación en boca de los gestores públicos, no solo significa trasladar el problema y la responsabilidad sobre los hombros individuales de la gente carente de poder y medios, significa poner por delante de la tragedia climática el muy lento e incierto cambio mental y cultural, como si acaso tuviéramos todo el tiempo del mundo para actuar. La defensa en abstracto de los valores ambientales de nuestros gobernantes es toda una cortina de humo para disimular la renuncia a hacer regulaciones legales estrictas, a las concreciones prácticas, a los datos, a los compromisos con objetivos medíbles y evaluables. Esta desidia política ante el desastre climático nos lleva a un universo esquizoide de post-verdad, en él los cantos de sirena de los máximos líderes autonómicos manifiestan su preocupación climática a la vez que apuestan con fuerza por incrementar los daños climáticos bajo las prioridades economicistas y cortoplacistas del crecimiento: más turismo de masas (especialmente nocivo en emisiones, extracciones y residuos); más subvenciones públicas y éxito competitivo para "nuestras empresas" en el comercio globalizado; más infraestructuras logísticas locales para los mercados globales, como la ampliación de la Z.A.L. del Puerto de Valencia; más alas al urbanismo y el transporte motorizado basado en el dominio aplastante del vehículo privado, los ciclos abiertos y la larga distancia, donde la bicicleta y el transporte público siguen siendo anecdóticos; luz verde a los grandes centros comerciales, ... Todo parece valerles para atraer cualquier inversión dineraria, sea la que sea, climáticamente destructiva o no.

Contrariamente a estas políticas negacionistas, el objetivo central de reducir drásticamente las emisiones totales es bien opuesto a querer alargar indefinidamente nuestro modelo de vida extraterrestre, derrochador y desconectado de nuestro encarnamiento físico y biológico. Desacoplar algunos sectores de la economía del crecimiento de emisiones ambientalmente destructivas tampoco nos lleva a ninguna parte si a la vez siguen creciendo las emisiones totales, como ha ocurrido en España desde el 1990 ¡Alegrarse por el 50% de aumento del PIB y por "sólo" un aumento del 25% en las emisiones, carece de todo sentido en un contexto planetario y es suicida!. No podemos considerar "limpia" nuestra forma de vida sobredesarrollada si esta "limpieza climática" depende de una masiva "fuga de CO2" a la sombra y no contabilizada, como es la generada por la globalización de los mercados, la deslocalización de los procesos productivos y el desplazamiento de nuestras fábricas y extracciones más contaminantes a otros lugares alejados como son Asia, África y América Latina.

En suma, la acción política reguladora no se ha de centrar sólo en una pequeña parte de los contaminantes climáticos: los que proceden de la energía eléctrica que representa menos del 20% de la energía consumida. El cambio climático no puede combatirse sólo con unas placas solares (aunque tampoco se hace nada para fomentar su uso masivo). Resulta habitual encontrarnos con el engaño contable en las cifras: los cómputos de las emisiones de CO2 españolas sólo hacen referencia al 40% que provienen de algunos sectores industriales, como el energético, la industria pesada y la aviación, pero se dejan fuera de la contabilidad más del 60% de las emisiones derivadas de los "sectores difusos", como son el transporte, la vivienda, el urbanismo, los residuos y la agricultura. Esta mayoría de actividades con efectos contaminantes sobre la atmósfera son competencia directa de los gobiernos autonómicos.

La ecojusticia multiespecie y las exigencias de la sustentabilidad han de abordarse desde numerosas variables interdependientes para afrontar con relativa eficacia y márgenes de error los repetidos empobrecimientos, exterminios y extinciones actuales de la Tierra. Si optamos por cambios estructurales conscientes, voluntarios y relativamente suaves y benignos, ello exigirá un gran esfuerzo colectivo en medio de grandes tensiones y conflictos, pero también demandará esperanza y respuestas de todos los grupos y sectores de las sociedades humanas. Cada día que pasa la Tierra está más repleta de humanos y no humanos sin refugios. Tal vez mediante un intenso compromiso político, institucional y ciudadano, que incluya el luto por las pérdidas irreversibles, aunque habrá muchas más, podamos unir las fuerzas necesarias para reconstituir los refugios ecológicos y las condiciones ecosuficientes para el bienestar del conjunto de los seres humanos y el resto de la biodiversidad en una Tierra limitada y enferma.

MARA CABREJAS  y DAVID HAMMERSTEIN

Aparecido en Levante-EMV http://www.levante-emv.com/opinion/2017/02/16/cabanyal-universidad/1529496.html

Es escandaloso, incoherente y dañino para la ciudad que el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat premien con un apetecible y singular gran solar del Cabanyal a una gigante multinacional estadounidense de la enseñanza privada. Con la “operación Universidad Europea” disparan un tiro de gracia adicional a nuestra maltrecha universidad pública. Resulta incomprensible el apoyo de las fuerzas políticas “progresistas” y “nacionalistas” que recibe este nuevo ataque privatizador de saqueo de los bienes públicos y ciudadanos. La coartada de que sobre el papel se conservaría el régimen de propiedad pública sobre el suelo oculta la triste verdad de un uso y negocio privado y socialmente excluyente de dicho solar. En realidad se trata de una cesión privatizadora de unos terrenos de titularidad pública para fines lucrativos, socialmente elitistas y durante el escalofriante plazo de 75 años.

Lo cierto es que no hay necesidad de recurrir a este tipo de privatización de los menguantes bienes públicos cuando muchos pequeños y medianos inversores, más nobles y más enraizados, están dispuestos a apostar por el futuro del Cabanyal. Esta política neoliberal de ceder el suelo público del Cabanyal-Canyamelar para la instalación del campus de la llamada Universidad Europea tendría nefastas consecuencias educativas, urbanísticas, financieras y sociales. Este proyecto de extractivismo social y económico entregaría a precio de saldo un valioso capital público de suelo urbanizable a un conglomerado empresarial extranjero, cuyo compromiso principal es la generación de plusvalías para sus accionistas anónimos en la bolsa de Nueva York. Este proyecto amputador de los bienes comunes de la ciudad nada tiene que ver con las necesidades de regeneración vecinal, autóctona y propia de un barrio marítimo valenciano deteriorado y amenazado. Este innecesario y arriesgado “remedio-exprés” en manos de un gran capital foráneo choca con las posibilidades de una regeneración social y ambiental autocentrada y justa del Cabanyal.

La empresa que opera bajo el rimbombante nombre de “Universidad Europea” en realidad tiene poco de universidad y nada de europea. Es parte del conglomerado educativo privado más grande del mundo y también es uno de los más cuestionados: Laureate Education, cuya sede se encuentra en la muy europea ciudad de Baltimore, Maryland, USA. Este emporio empresarial es la institución de enseñanza privada más grande de Estados Unidos, aunque tiene el 90% de sus estudiantes fuera de ese país y el 85% en países que Laureate califica etnocéntricamente como "en vías de desarrollo". En cuanto a la calidad de la enseñanza y a su labor investigadora, la Universidad Europea está muy por debajo de la Universitat de València y de la Politécnica de Valencia según los rankings internacionales.

En su ceguera economicista, el consistorio valenciano parece querer reforzar una actividad lucrativa en su afán de fagocitar las universidades públicas. Este nuevo asalto sobre la Universidad pública sucede en el contexto de su progresivo desmantelamiento mediante su infra-financiación y su paulatina reconversión empresarial en “universidad-negocio”. La universidad pública también es golpeada desde dentro al poner por delante las metas productivistas de competitividad económica a toda costa. La reforma universitaria en curso (3+2) reducirá a tres los cuatro años de los actuales estudios de Grado y regalará un año más al gran negocio privado de los másters.

Las empresas universitarias del grupo Laureate actúan fuera del territorio USA en respuesta a las repetidas quejas judiciales y las denuncias ante los reguladores del fraude educativo de las universidades privadas estadounidenses. En respuesta Obama adoptó una legalidad mucho más restrictiva. La cadena informativa estadounidense CNBC decía en el 2016 de Laureate: “la empresa de educación privada busca blancos por todo el mundo. Con la reputación de las universidades privadas americanas por los suelos,una empresa ha encontrado la forma de esquivar las exigencias regulatorias de este país: operar principalmente en los mercados extranjeros”.http://www.cnbc.com/2015/12/15/a-controversial-education-model-us-is-exporting-to-the-world.htm

Las autoridades valencianas parecen obnubiladas por el síndrome de “Bienvenido Mr. Marshall” y no quieren enterarse de las críticas demoledoras de la calidad educativa y el modelo de negocio practicado por Laureate y sus engendros, como la Universidad Europea. En EE.UU, Brasil y Chile los campus de Laureate se han enfrentado a investigaciones gubernamentales, multas y procesos judiciales por fraude educativo. Numerosos ex-alumnos han denunciado la falsedad de su marketing publicitario y el hecho de que sus titulaciones carecen de valor credencialista para hacerse hueco en el mercado laboral. El aumento de las descalificaciones de sus universidades en EE.UU ha ido en paralelo a la sangría de matriculaciones. En el caso de Chile, a una de sus “universidades” se le ha retirado la acreditación. La ministra chilena socialista de Educación, Adriana Delpiano, ha apostado por destinar más fondos estatales a la educación superior sin que el dinero público acabe secuestrado por instituciones que no cumplen la ley o no den garantías de calidad educativa. http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37158900

El negocio global de Laureate no es solvente: ingresó 4,3 mil millones de dólares en el 2016 pero tiene acumulada una deuda de 4,7 mil millones. En el 2015 sus pérdidas económicas eran más de 300 millones de dólares y hace unas semanas Laureate salió a bolsa con un “Initial Public Offering” de acciones lo que entraña bastantes riesgos. En suma, las condiciones del proyecto de la Universidad Europea en el Cabanyal son diabólicas: suelo público municipal a cambio de universidad-empresa socialmente excluyente y elitista, de dudosa calidad educativa y de alto riesgo financiero al vaivén de los mercados bursátiles, los tipos de cambio de moneda y las deudas astronómicas.

El modelo neo-liberal de negocios de Laureate sigue al pie de la letra “la Escuela de Chicago”. Se basa en una maquinaria agresiva de publicidad y marketing (con la contratación promocional de figuras como Bill Clinton a cambio de 16 millones de dólares), con cursos digitales y presenciales orientados estrechamente al empleo y con unas matrículas muy caras. La actividad de esta multinacional se orienta a la venta de servicios para sus universidades operando a través de personas jurídicas relacionadas. Una gran cantidad del dinero de estas contrataciones extractivas salen fuera del país donde opera.

¿Se opta por un barrio vivo y vibrante o solo se quiere estimular como sea la actividad económica a modo de parque temático hecho a la medida de visitantes ricos y no de su ciudadanía? ¿Quien puede desear una gran población flotante, un tejido económico de grandes empresas pero incapaz de favorecer una identidad comunitaria enraizada, que exprime y fagocita servicios públicos tan fundamentales como amenazados como es la enseñanza universitaria?.

Hasta ahora la recuperación del Cabanyal ha sido una de las historias más felices del “cambio valenciano”. Por favor, no lo estropeemos con “la operación Universidad Europea”.

DAVID HAMMERSTEIN

Artículo aparecido en el diario Levante el 9 de noviember 2016: http://www.levante-emv.com/opinion/2016/11/09/trafico-clima-gracias/1489719.html

El cambio político tan esperado ha significado que felizmente se den algunas respuestas políticas concretas ante la “emergencia social” de deshaucios, precariedad, paro y recortes de prestaciones públicas. Pero no ha ocurrido lo mismo ante el estado de emergencia climática. En contraste, no hay nada parecido en resultados climáticos palpables en Valencia más allá de una retórica nebulosa salpicada por alguna actuación aislada carente de significación global.

Las proclamas políticas valencianas en favor de la lucha contra el cambio climático repiten a coro los cantos de sirenas que ilusoriamente externalizan las actuaciones concretas y evaluables a un futuro alejado e incierto fuera de la actual legislatura. Sin compromisos presupuestarios, sin foto de situación ni indicadores socioambientales, sin datos constrastables y evaluables, sin concreción temporal, sin áreas de competencia y responsabilidad institucional transversales. Como mucho, solo se aluden a actuaciones sectoriales casi anecdóticas. Pero si se optara realmente por despertar de la pesadilla del crecimiento por el crecimiento y se tomaran en serio las temibles amenazas del cambio climático, cuyas causas no solo están en el modelo de producción energética, son obligadas algunas preguntas incómodas. Por ejemplo, si nos centramos en una de las actividades con más emisiones contaminantes de carbono, como es el transporte, tendremos que plantearnos si al final de este ciclo político habremos reducido el volumen total del uso del coche y sus emisiones contaminantes en Valencia y la Comunidad Valenciana.

Pero paradójicamente ocurre que para esta legislatura ni el Ayuntamiento de Valencia ni la Generalitat tienen objetivos concretos de reducción del uso global del coches y camiones contaminantes. Tampoco existen indicadores públicos y transparentes municipales o autonómicos al alcance de la ciudadania para poder conocer nuestro estado de situación, si avanzamos o no en la disminuición de las emisiones de CO2 del transporte motorizado (este representa aproximadamente el 24% de los contaminantes climáticos y consume el 23% de la energia). Sí sabemos que en el 2015, en pleno auge de declaraciones contra el cambio climático y del Acuerdo de Paris impulsado por la ONU, el consumo de productos petrolíferos aumentó en España un 2%, en gran parte para el transporte. Esta es una de las explicaciones (junto a la razón principal del aumento de la quema de carbón en las centrales térmicas) del porqué España y Valencia están a la cola de Europa en reducción de CO2. España aumentó las emisiones de CO2 en 4% en el 2015 mientras que la gran mayoría de paises europeos las redujeron.

Existe una falta de voluntad política por parte de las autoridades para asumir las competencias climáticas valencianas que atajen las llamadas “emisiones dispersas” (como son las del tráfico de vehículos) junto a las de otros sectores como son la agricultura, la vivienda, la educación, el consumo o la industria. Sabemos muchos detalles de las emisiones de CO2 del mix eléctrico del sistema energético bajo competencia estatal pero nos enteramos muy poco de las fluctuaciones del volumen total del transporte motrizado a base de gasolina y gasoil, si crecen o bajan las emisiones globales del tráfico valenciano. Mucho me temo que estas cifras, que fluctuan al vaivén del momento económico, no sean nada favorables al clima ni mucho menos a nuestra salud.

Poner coto a la espiral de males ambientales de la dictadura del coche poco tiene que ver con la mágica retórica de la “movilidad sostenible” que reduce esta a la bienvenida peatonalización de unas cuantas calles en el centro histórico de Valencia o a mejorar los carriles bici. Nada ayudará a la sostenibilidad ecológica si no se reduce al mismo tiempo el volumen total de penetración y de circulación de coches en el conjunto de la ciudad, en su centro y en las autovías metropolitanas. Además, la mejoría del medio ambiente urbano será imposible si continúan las ingentes inversiones de dinero púbico en grandes aparcamientos atractores del tráfico privado, como son los de la Plaza de Brujas (que desvía cuatro millones de euros que extrae de la rehabilitación del Cabanyal) y el de la Plaza de la Reina. Estas caras infraestructuras atrapan al Ayuntamiento en el círculo vicioso de buscar la rentabilidad económica de las mismas, lo que a su vez fomenta perversamente el tráfico privado que se ha de limitar globalmente bajo el imperativo climático.

Los buenos propósitos “sostenibles” llegan al delirio con el proyecto de ampliación de carriles de la V-30 que queriendo combatir los atascos de horas punta con más viales alimenta mñas atascos, el infarto circulatorio y las inacabables demandas del tráfico privado. También el “Acceso Norte” para acortar unos kilómetros la ruta de coches y camiones al Puerto de Valencia significará más sal en las heridas ambientales de los barrios maritimos y la ciudad. La sangría de este nuevo “by-pass” litoral destinado a satisfacer el apetito insaciable del “Puerto Autónomo” aumentará el tráfico de mercancias por carretera sustrayéndolo de las vías ferreas climáticamente más limpias.

Las nuevas autoridades valencianas “progresistas” continúan fieles al mito de las grandes infraestructuras viarias ignorando la ley de los vasos comunicantes: cuanto más espacio y facilidades tengan los vehículos humeantes, más tráfico habrá. Así, kilómetro a kilómetro, España ha llegado a ser el país con más asfalto de autovías de toda Europa y un patito feo de las emisiones climáticas europeas. Pero la coherencia y la responsabilidad son virtudes políticas de primer orden ante la emergencia del caos climático en curso, por ello los mismos motivos climáticos muy fundados del aumento de tráfico empleados por la Conselleria de Medi Ambient para rechazar el complejo comercial “Puerto de Mediterráneo” de Paterna, también deben servir contra los proyectos de ampliación del espacio para los vehículos con motores de combustión: “Acceso Norte al Puerto”, la V-30 y los nuevos aparcamientos en centros urbanos.

La crisis climática no permite la vuelta atrás y por ello exige giros políticos y económicos radicales y urgentes. En el transporte es obligada la prioridad en favor del transporte público, unas ambiciosas restricciones al úso del coche privado y a los aparcamientos rotatorios urbanos, prohibiciones a la circulación de vehículos diesel en zonas determinadas de las ciudades, una fuerte fiscalidad disuasoria de la penetración del coches en los centros urbanos, la potenciación del ferrocarril de cercanías y para mercancías y la clara prioridad espacial para peatones y ciclistas. El cambio climático ofrece una gran oportunidad para regenerar el tejido comunitario urbano y para moverse de forma mucho más sana, segura y justa.

David Hammerstein

davidhammerstein.com

commonsnetwork.eu

Todo ocurrió el pasado miércoles 1 de septiembre cuando el Ministro polaco de Medio Ambiente Szysko desembarcó junto a su séquito en el Parlamento Europeo para hacer apología de la tala masiva de árboles en uno de nuestros bienes comunes forestales más excepcionales del mundo. El bosque de Bialowieza constituye uno de los últimos restos que quedan en Europa de los bosques primarios de hoja caduca. Esta gran reserva de bosque milenario que está ubicada en la frontera entre Polonia y Bielorrusia tiene un gran valor ecológico reconocido internacionalmente por las muchas variedades de especies de flora y fauna que lo habitan. Es uno de los lugares con más biodiversidad del territorio europeo y por ello ha sido declarado Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad, además de gozar de la más alta protección legal ambiental por parte de la Unión Europea.

El Ministro Szysko puso en escena ante la prensa toda una explicación que superaba con creces el teatro del absurdo al defender el deber de someter a la naturaleza, tal y como manda la Biblia. Esta representación política con sermones de tinte religioso y más propia de una ópera bufa incluía la exposición de grandes paneles explicativos y un cura polaco como invitado estelar del drama escenificado. En el mismo título de la exposición montada por el Gobierno polaco en el Parlamento Europeo estaba la esencia de su mensaje: “El Bosque de Bialowieza es un legado cultural de sus residentes”, y en consecuencia se ignora la condición de ser un bosque natural que es patrimonio ecológico de la humanidad y pertenece a la Red Natura 2000 de la Unión Europea.

El imaginario mágico y religioso del Ministro insistía en que el bosque de Bialowieza es un producto cultural creado por los habitantes locales y por tanto la intervención humana es necesaria y fundante para su existencia. Una parte del decorado sacramental integraba también a un pequeño grupo de residentes locales que se dedican a la extracción forestal, estos debían asegurar el aplauso y el apoyo al Ministro en su arenga de "continuar conquistando el bosque". Pero cuando el Ministro afirmaba que los extranjeros no tienen nada que enseñar a los guardas forestales polacos y que “los derechos civiles de los habitantes locales están por encima del medio ambiente” estos residentes locales invitados a la orquestación parecían estar muy aburridos y desganados a pesar de haber obtenido el regalo de una camiseta con mensaje y un viaje a Bruselas pagado con el dinero de las arcas públicas de la ciudadanía polaca.

El actual Gobierno polaco ultra-católico y anti-europeo se enfrenta a las fundadas razones de la mayoría de los expertos y a los motivos legales del derecho comunitario europeo recurriendo a los argumentos del fundamentalismo católico, al nacionalismo y al linchamiento de los ecologistas. El cura que acompañaba al ministro realizó toda una alabanza de las fuerzas irracionales y el analfabetismo anti-científico amparándose en una lectura literal, dogmática e interesada de algunos textos sagrados de la Biblia. Recordaba que “hay que someter  a la naturaleza como manda la Biblia” y de no hacer caso a los Diez Mandamientos bíblicos, como castigo la misma Unión Europea se convirtirá en polvo. Insistió en que la riqueza de la biodiversidad es el producto de la ingeniería forestal polaca y la agricultura, y se reafirmaba en los prejuicios de que nunca puede crearse un bosque dejándolo “abandonado” a sus propios designios biológicos.

El Ministro Szysko defendió en los pasillos del Parlamento Europeo su voluntad de talar muchos de los árboles del bosque primario de Bialowieza ignorando que es uno de los bosques ecológicamente más valiosos de Europa. Bajo la excusa de "detener su degradación" y salvar el bosque de un escarabajo que ataca a los árboles, las autoridades polacas quieren ampliar en dos tercios los permisos de tala del bosque de Bialowieza y cortar ilegalmente grandes extensiones de este tesoro de bosque protegido por el derecho ambiental europeo por su altísimo valor. Pero contrariamente, la mayoría de expertos científicos y los grupos ecologistas, respaldados por la Comisión Europea, han respondido con claridad que las plagas de escarabajos solo corresponden a fases periódicas habituales que son frenadas por los propios metabolismos del bosque, cuya biodiversidad y salud le dota con la capacidad de autoregenerarse por sí mismo. También consideran que la intervención humana mediante talas de árboles, maquinaria pesada y la eliminación de troncos caídos resulta irracional y contraproducente por debilitar los procesos defensivos y estabilizadores de la compleja comunidad del bosque, llegando incluso a aumentar la plaga y dañar irreparablemente la capacidad de recuperación y resiliencia natural del bosque. Los científicos de la misma Academia Polaca de Ciencia han informado que el plan de tala masiva del Gobierno polaco no tiene ninguna justificación y carece de todo fundamento científico. En un estudio científico publicado en el portal Nature, se destaca que los árboles siguen su ciclo natural y que en realidad no hay una peste que los ataque y pueda suponer una amenaza real que acabe con esta reserva natural de Bialowieza.

También se escucharon las duras palabras del Ministro Szysko y de su cura contra el grupo ecologista Greenpeace considerándolo “una secta". Además atacaron con furia a los ecologistas, que “pueden tener grandes corazones pero que no saben nada de ecología” puesto que "critican la ampliación de las carreteras pero no el aborto y son insensibles a las necesidades de los habitantes locales.¿Como pueden defender a los animales y no a los bebes no-nacidos asesinados por el aborto?”. Según las palabras del Ministro polaco “dejar los troncos y ramas caídos empeora la calidad del bosque, y contrariamente esta se mejora abriendo más caminos y clareando el bosque con talas”. El Ministro Szysko afirmaba con desprecio que si dejamos los restos de los árboles en el suelo estos acaban convirtiéndose en pantanos, musgo y se llenan de nutrias. Las creencias irracionales que añadió en favor de la tala de los árboles y la muerte del bosque de Bialowieza fueron de muy diversa índole, entre ellas destacó los peligros de la caída de ramas y troncos para los caminantes y los conductores de vehículos, la necesidad de tener leña para la calefacción de los habitantes locales. En el esperpento tampoco faltaron los "argumentos ecologistas" empleados perversamente en favor de la tala masiva de árboles, como la idea de la crear más sumideros de CO2 para luchar contra el cambio climático mediante nuevos árboles jóvenes y los prados para animales despejados tras eliminar el viejo bosque.

Con todo este despliegue de medios el Ministro polaco Szysko (conocido por su cercanía a los intereses de la economía maderera) habló del deber y la necesidad de talar los árboles de Bialowieza para la bonanza de los intereses locales de extracción de madera y el crecimiento de infraestructuras construidas en la zona. Pero cuando el Ministro defendía ensimismado el "patrimonio cultural del bosque de Bialowieza" y su sometimiento por mandato divino al dominio y la superioridad humana, como ocurre con todo el resto de seres de la creación, David Hammerstein, un activista ecologista indomable de origen judeo-polaco, importunó con fuerza al Ministro con un rotundo mensaje de salvar el bosque de Bialowieza.

Gracias David en nombre del bosque primaveral de Bialowieza y de la maravillosa comunidad biodiversa que lo produce y mantiene en su vivacidad y riqueza ecológica. Te has comportado como un gran héroe nacional por enfrentarte a Szysko, el Ministro de Medio Ambiente del gobierno polaco en el mismo Parlamento Europeo cuando afirmaba que "continuaremos conquistando el bosque como siempre lo hemos hecho".

Mara Cabrejas